La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, ha alertado del retraso y la baja ejecución de los PERTES y la ayuda europea adicional (Adenda) que alcanzan más de 106.000 millones de Euros (M€). Por ello, desde la asociación creen que es necesario prorrogar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation UE. Tan sólo el 6,7% se han destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 M€ de los 173.525 M€ totales, pese a su efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo.
SEOPAN, en su rueda de prensa anual, también ha puesto de manifiesto la urgencia en modernizar y actualizar la regulación y práctica de la contratación pública en España para ejecutar hasta 2027 más de 212.000 M€ de ayudas financieras europeas y han reiterado la falta de voluntad política para solucionar la parálisis y bloqueo normativo derivado de la Ley de Desindexación ya que ésta desincentiva la inversión privada, nacional e internacional. La Oficina Nacional de Evaluación (ONE) emitió 28 informes en 2022 con resultado desfavorable en 7 de cada 10 expedientes de concesiones presentados, que afectan a 3.000 Millones de euros (M€) de actividad concesional de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento.
Asimismo, la inexistencia de sistemas de revisión de precios en contratos de servicios de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores, hace insostenible su ejecución al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente. El Ministerio de Asuntos Económicos, añaden, ha rechazado las propuestas remitidas por el sector para establecer una revisión excepcional, acotada y justificada para estos contratos.
Los precios de materiales y de la energía siguen en niveles muy superiores a 2020, detallan, con revisiones de precios en el 85% de las obras superando el límite del 20% del RDL 3/2022. De esta forma, aunque el acero, cobre y aluminio reducen precios un -6%, -12% y -12%, continúan siendo un 51%, 38% y 33% superiores, respectivamente, a los de 2020. Gas y electricidad bajan precios un -12% y -62%, pero continúan siendo una losa para la actividad al incrementarse un 556% y 121% con respecto a los de 2020.
Incremento de la licitación y contratación pública de obras
Sobre los datos sectoriales, en 2022, se ha producido un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras, subiendo, respectivamente, un +34% (hasta alcanzar los 29.615 M€) y un +16% (hasta los 13.648 M€). Por otro lado, en 2022 se ha registrado una reducción de 3,8 pp de las bajas de contratación.
La licitación y contratación pública de obras han subido, respectivamente, un 34% (29.615 M€) y un 16% (13.648 M€)
En relación con la inversión pública en 2022, y a pesar del +5,1% registrado hasta septiembre, SEOPAN reitera su insuficiencia con unos registros en transporte, depuración y abastecimiento de agua un 52%, 54% y 58% inferiores, respectivamente, con respecto a 2010, y más teniendo en cuenta que las necesidades de inversión pública para la modernización de infraestructuras en España siguen creciendo, con un mínimo de 253.000 M€ en áreas básicas relacionadas con el agua y medioambiente, la movilidad, la energía, la salud y la infraestructura verde.
Concluye SEOPAN, que se incrementarán, además, por los nuevos y exigentes requisitos de la propuesta de Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en tratamientos terciarios y cuaternarios y otras actuaciones, y el impacto del REPowerEU a desarrollar por la Comisión Europea, con especial relevancia del binomio agua-energía asociado a infraestructuras en la presente década, destacando entre otros ejemplos la red de infraestructura de recarga pública, el programa OnShorePowerSupply (OPS) en los puertos de interés general, el 50% de neutralidad energética en EDARES o la dotación adicional de 3,5 GW en nuevas centrales de bombeo hidráulico puro para almacenamiento energético.
La corrección en plazo del referido déficit inversor para cumplir los objetivos derivados del cumplimiento de la Agenda 2030, constituye una prioridad nacional. En palabras de Julián Núñez, presidente de SEOPAN: “La ausencia de una estrategia nacional y de un pacto de estado sobre infraestructuras sigue penalizando su contribución a la mejora de nuestra competitividad y de nuestro desarrollo social y económico”.
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