España ha reducido el consumo energético residencial en un 10% en tres años, según datos del IDAE. Este descenso, registrado entre 2020 y 2023, que en circunstancias normales sería motivo de celebración, esconde una realidad: el ahorro no ha llegado por mejoras estructurales en las viviendas, sino por necesidad. Los precios de la energía se dispararon tras la crisis europea del gas, los inviernos fueron más suaves de lo habitual y millones de familias ajustaron su gasto en calefacción, redujeron el consumo innecesario y aprovecharon mejor los recursos.
Por ello, este ahorro coyuntural no significa que el parque inmobiliario español sea eficiente. Los datos confirman lo contrario: solo el 1,1% de las viviendas tiene una calificación energética «A», el nivel más alto de eficiencia, y el 87% de las viviendas tiene una mala calificación energética en España con aislamientos deficientes y sistemas de climatización anticuados. En los últimos años, la inmensa mayoría ha ahorrado por contención y necesidad, pero no por eficiencia estructural.
En el contexto de transición energética en el que vivimos, los próximos años son los que van a marcar el futuro medioambiental en España. De hecho, la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea establece que para 2030 las viviendas deberán tener al menos una calificación «E» para poder venderse o alquilarse, lo que obligará a intervenir en alrededor de ocho millones de viviendas. Por tanto, la cuenta atrás ya ha empezado, y España debe transponer esta normativa europea a su legislación nacional antes de mayo de 2026.
La radiografía de un parque inmobiliario obsoleto
El parque de viviendas español es viejo. La mayoría de los edificios se construyeron en décadas donde la eficiencia energética no era una prioridad y donde los aislamientos térmicos, las ventanas de doble acristalamiento o los sistemas de climatización eficientes eran excepciones, no normas.
El resultado es un paisaje urbano lleno de edificios que pierden calor en invierno, se recalientan en verano y obligan a sus habitantes a gastar más energía de la necesaria para mantener condiciones de confort básicas.
A pesar de esta realidad y de las mejoras conseguidas en los últimos años, la tasa de rehabilitación energética en España es del 0,08% anual, una cifra anecdótica comparada con el objetivo del 2% que recomienda la Comisión Europea. En comparación con el resto de Europa, este ritmo es muy inferior al de países vecinos como Francia, Italia o Alemania, que llevan años impulsando programas ambiciosos de rehabilitación con ayudas públicas, incentivos fiscales y financiación.
En la actualidad, el sector residencial sigue siendo responsable del 30% del consumo final de energía y del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Por este motivo, mientras no se aborde la rehabilitación estructural del parque de viviendas español, cualquier avance en otros sectores quedará parcialmente anulado por el lastre que supone tener millones de hogares funcionando como sumideros energéticos.
La cuenta atrás: 2026 y 2030
La Directiva de Eficiencia Energética (EPBD) de la Unión Europea ha establecido antes de mayo de 2026 como fecha límite para su trasposición, lo que está obligando a todos los estados miembros a acelerar sus planes de rehabilitación. Para 2030, las viviendas deberán tener al menos una calificación «E» para poder venderse o alquilarse. Una obligación legal que condicionará el mercado inmobiliario durante los próximos años.
El volumen del reto es abrumador. Más de ocho millones de viviendas en España necesitan intervenciones para cumplir con este requisito mínimo. No es solo cambiar una caldera o instalar ventanas nuevas, sino de acometer reformas integrales que mejoren el aislamiento térmico, renueven instalaciones eléctricas y de climatización, y adapten los edificios a los nuevos estándares de eficiencia.
El potencial económico y social de la rehabilitación
Los beneficios de abordar la rehabilitación energética del parque de viviendas van más allá del ahorro individual en la factura de la luz o el gas. Si Europa adopta estas medidas de forma masiva, se podrían ahorrar 312.000 millones de euros anuales para 2050 en costes de energía y salud.
Esta cifra incluye el ahorro energético directo, la reducción de enfermedades respiratorias relacionadas con la mala calidad del aire interior, la disminución de la pobreza energética y la creación de empleo en el sector de la construcción y la rehabilitación, generando empleo cualificado, impulsando la innovación tecnológica y contribuyendo a los objetivos climáticos de la Unión Europea.
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