Unión Créditos Inmobiliarios (UCI), entidad especialista en financiación sostenible, ha realizado un estudio para analizar la situación del parque residencial y el reparto de Certificados de Eficiencia Energética en España. Dicho análisis revela que casi nueve de cada diez viviendas (86,9%) cuentan con una calificación energética E, F o G, las peores en términos de consumo y emisiones y que la letra más común en los hogares españoles es la E (55,9%).
Por comunidades autónomas, Navarra (2,29%), Castilla y León (1,71%) y Galicia (1.36%), son las tres comunidades autónomas con más residencias con Certificación A, superando así la media española que se encuentra en el 0,70%. A la cola se sitúan Canarias (66,93%), País Vasco (31,79%) y Asturias (26,98%) las cuales cuentan con los mayores porcentajes de viviendas con Certificación G superando la media española que se ubica en el 20,22%.
“Residir en una vivienda ineficiente, tipo F o G, supone el doble de consumo que una vivienda E, que es la más común en nuestro país, y hasta el 100% con respecto a una vivienda eficiente calificada con la letra A”, afirma Catia Alvés, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en UCI.
Si bien estos datos se deben a la antigüedad del parque inmobiliario en España – cuya edad media supera los 43 años – y a que fueron construidos antes de la entrada en vigor de Código Técnico de la Edificación, este escenario contribuye a un consumo excesivo de energía.
Esto no solo alejando a las viviendas de los niveles de confort ideales, sino que también ocasiona un gasto innecesario en las facturas energéticas y sumado a que el IVA de la electricidad pasará del 10% al 21% desde marzo para casi la totalidad de los hogares. El gas, por su parte, lo hará el próximo mes de abril.
Para Catia Alvés, “la solución a este desafío reside en una perspectiva integral que pasa por la sensibilización de los ciudadanos y en multiplicar por diez el ritmo actual de rehabilitaciones gracias a una mayor agilidad de las administraciones en la concesión de ayudas a las comunidades de propietarios”.
Estas cifras ponen de manifiesto la imperante necesidad de que la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) sea aprobada, al ser crucial para mejorar la eficiencia energética en el sector residencial.
Su adopción facilitará la transición hacia viviendas más sostenibles y energéticamente eficientes, contribuyendo así a la reducción del consumo energético y a la mejora del confort en el hogar. Este paso representa un avance significativo hacia la consecución de los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética a nivel nacional y europeo.
Certificado de eficiencia D como mínimo en 2033
La Comisión Europea obligará a que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética E en enero de 2030 y D —o mejor— en enero de 2033. Esta exigencia de Bruselas se incluye en los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS, en sus siglas en inglés), hitos temporales intermedios que deben fijar los Estados miembros para alcanzar el objetivo de que el 100% de los edificios sean cero emisiones en 2050.
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