El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, coalición PSOE y Sumar, contará con cuatro vicepresidencias y 22 ministerios. Entre las novedades, destaca la creación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se desligan de Transportes y Movilidad como estaban en la legislatura pasada. Al frente de la cartera estará que la hasta ahora portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
El nuevo Ministerio de Vivienda se enfrenta a importantes retos como impulsar 183.000 viviendas de alquiler asequible, y el cumplimiento de las promesas llevadas realizadas durante la campaña electoral consistentes en la aplicación de incentivos fiscales y medidas para la rehabilitación de viviendas.
Según expresó la propia Isabel Rodríguez, el trabajo en el nuevo ministerio tendrá el “reto el consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Una prioridad de país”.
La relación con las comunidades autónomas será crucial en la implementación de la Ley de Vivienda, ya que son las que aplican las políticas e Vivienda y las que extienden las ayudas al usuario final. Por ello, tendrá que negociar el desarrollo de las políticas incluidas en la Ley de Vivienda, una norma que creado reticencias en el sector inmobiliario, así como en las propias autonomías también, sobre todo con la posibilidad de controlar los precios de los alquileres.
Reacciones del sector profesional
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha aplaudido la creación del nuevo Ministerio de Vivienda. Creado por primera vez en 1957 y recuperado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra María Antonia Trujillo, la colaboración entre la arquitectura técnica y esta cartera ministerial siempre ha sido estrecha.
“Recibimos con satisfacción la decisión de que el Gobierno recién constituido cuente con un Ministerio de Vivienda. El hecho de que un bien de primera necesidad como es la vivienda, con problemas tan acuciantes como la dinamización de la rehabilitación del parque edificado, justifica sobradamente la existencia de un ministerio con sus consiguientes recursos”, asegura Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
“Hay que alcanzar los objetivos de 300.000 viviendas rehabilitadas, cuando en este momento estamos a un 10% de la ejecución. Tenemos que intensificar el ritmo para cumplir con los compromisos adquiridos, pero teniendo en cuenta no solo la reducción de la demanda de energía de los edificios, sino también otros aspectos relacionados con la salud de sus habitantes. Debemos repensar nuestro entorno, la ciudad y sus edificios, con espacios más abiertos, accesibles, amables, donde se respete a la persona y se le proporcione un elevado grado de confort”, explica Sanz.
También es prioritario, según el CGATE, la protección integral al comprador de viviendas de segunda o posteriores ocupaciones. “La vivienda de nueva planta está amparada por las garantías que ofrece la normativa, el Código Técnico, la Responsabilidad Civil. Pero la vivienda de segunda mano necesitaría un contrato de compra y venta con una inspección pormenorizada de su estado. Y creemos que esto es algo que beneficiaría enormemente tanto al comprador, como al vendedor de vivienda”. Ya estamos en contacto con la Dirección General de Vivienda, a quienes les hemos planteado nuestra inquietud, y nuestra intención es seguir trabajando en ello con los nuevos responsables, asegura el presidente del CGATE.
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también ha visto como un acierto que Vivienda tenga rango de Ministerio propio con el nuevo Gobierno y espera que durante la legislatura se articulen medidas y leyes que corrijan el desequilibrio actual que existe en el mercado inmobiliario, especialmente en el del alquiler, que se ha convertido en un drama social para muchas personas y familias; así como para facilitar el acceso a la compra de una casa, ya que los jóvenes y personas de clase media siguen teniendo muchas dificultades para ello.
Para el presidente de FAI, José María Alfaro, “esta situación requiere de políticas urgentes y eficaces, alejadas de ideologías partidistas”, por lo que considera necesario escuchar a los diferentes agentes sociales, entre ellos a los expertos del sector inmobiliario, para buscar soluciones conjuntas.
Desde Alquiler Seguro, por su parte, se muestran menos optimistas y creen que la nueva ministra “hereda una situación grave con poca oferta, precios altos, incertidumbre y espantada de inversores”. En esta línea, señala en un comunicado que la Ley de Vivienda está perjudicando principalmente “a los inquilinos, a quienes cada día les cuesta más encontrar una vivienda, porque se está destruyendo oferta de alquiler residencial, se encarecen los precios, aumenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica
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